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La reducción de jornada por cuidado de hijos es un derecho reconocido a cualquier trabajador o trabajadora que necesite adaptar su tiempo de trabajo para atender a menores a su cargo. Su objetivo principal es facilitar el equilibrio entre responsabilidades profesionales y familiares, permitiendo que los progenitores mantengan su empleo mientras cumplen con sus obligaciones parentales.

¿Quién puede solicitarla?

Tienen derecho a solicitar la reducción de jornada quienes tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida. También quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

¿Cuánto se puede reducir la jornada?

La reducción de jornada puede ser de entre un octavo y la mitad de la duración de aquélla. Esta reducción lleva aparejada la disminución proporcional del salario. El trabajador puede determinar el horario y período de disfrute de la reducción, dentro de su jornada ordinaria, siempre que se respete lo que en su caso establezca el convenio colectivo.

Procedimiento para solicitarla

El trabajador debe preavisar al empresario con al menos quince días de antelación a la fecha en que iniciará la reducción de jornada, precisando la fecha de inicio y fin de la misma. La empresa no puede negarse a conceder este derecho, aunque sí puede discutir el horario concreto propuesto por el empleado.

En caso de discrepancia entre empresa y trabajador sobre la concreción horaria, el trabajador puede acudir a la vía judicial, siendo el procedimiento urgente y de tramitación preferente.

¿Necesitas asesoramiento?

Si tienes dudas sobre cómo ejercer este derecho o tu empresa se niega a reconocerlo, en Abogados Espinilla podemos ayudarte. Contáctanos para estudiar tu caso de forma personalizada.

Los contratos de préstamo, especialmente aquellos con garantía hipotecaria, son actos de gran importancia económica para los ciudadanos. Sin embargo, es frecuente encontrar en ellos cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los consumidores y que pueden ser declaradas nulas por los tribunales.

¿Qué es una cláusula abusiva?

Una cláusula es abusiva cuando, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato. La legislación española y europea protege a los consumidores frente a este tipo de estipulaciones.

Cláusulas más habituales

Entre las cláusulas que con mayor frecuencia han sido declaradas abusivas por los tribunales destacan:

• Cláusula suelo: limita la bajada del tipo de interés variable aunque el índice de referencia caiga por debajo de ese umbral.
• Gastos hipotecarios: impone al consumidor el pago de todos los gastos de formalización de la hipoteca (notaría, registro, gestoría, AJD).
• IRPH: índice de referencia que en ciertos casos ha sido considerado abusivo por falta de transparencia.
• Vencimiento anticipado: permite al banco reclamar toda la deuda ante el impago de una sola cuota.
• Intereses de demora: tipos excesivamente altos que penalizan el retraso en el pago.

¿Qué puedes reclamar?

Si tu préstamo hipotecario o personal contiene alguna de estas cláusulas, puedes reclamar su nulidad y la devolución de las cantidades pagadas de más. Los plazos de prescripción han sido objeto de numerosos pronunciamientos judiciales y cada caso debe analizarse de forma individualizada.

En Abogados Espinilla analizamos tu contrato sin compromiso para determinar si puedes recuperar lo pagado indebidamente.

Las actas de infracción son documentos emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando detecta irregularidades en el cumplimiento de la normativa laboral. Entender este documento es el primer paso para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones de manera informada.

¿Qué es un acta de infracción?

Es el documento mediante el cual el inspector de trabajo deja constancia de los hechos comprobados durante una visita de inspección. Recoge la infracción detectada, la normativa presuntamente vulnerada y la propuesta de sanción económica correspondiente. Tiene presunción de veracidad salvo prueba en contrario.

Tipos de infracciones

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social clasifica las infracciones en tres niveles:

• Leves: multas de 60 a 625 euros.
• Graves: multas de 626 a 6.250 euros.
• Muy graves: multas de 6.251 a 187.515 euros.

¿Cómo impugnar un acta de infracción?

Tras la notificación del acta, el interesado dispone de un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones ante el órgano competente de la comunidad autónoma. Es fundamental presentar toda la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa o desvirtúe los hechos recogidos en el acta.

Si las alegaciones son desestimadas y se dicta resolución sancionadora, cabe recurso de alzada ante el órgano superior y, posteriormente, recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

La importancia de actuar a tiempo

Los plazos en este procedimiento son estrictos. La inacción conlleva la firmeza de la sanción y la obligación de pago. Si has recibido un acta de infracción, te recomendamos consultar con un abogado especialista antes de que venzan los plazos.